Treinta años
El 17 de mayo Joaquín Díaz Mena no sólo inauguró el nuevo O’Horán. Firmó una apuesta de largo plazo por IMSS-Bienestar. Cuatro meses después, medicamentos, personal, nómina y otros hospitales muestran por qué el compromiso no era pequeño.
Una firma para quedarse
“Hoy es un día que quedará grabado para siempre en la historia de Yucatán”.
Joaquín Díaz Mena lo dijo el 17 de mayo, frente al nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán. La frase parecía destinada a la inauguración de una obra de alrededor de cinco mil millones de pesos. Pero aquel día ocurrió algo bastante más grande que abrir un hospital.
Yucatán firmó por treinta años.
El convenio con IMSS-Bienestar estableció una vigencia mínima de tres décadas y comprometió una nueva manera de prestar los servicios públicos de salud para la población sin seguridad social. El acuerdo comprende recursos estatales destinados a servicios personales y operación, recursos federales vinculados al sistema, personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos e insumos. El mecanismo financiero prevé además garantías para el cumplimiento de las aportaciones estatales.
No era una prueba piloto. Tampoco un convenio para observar durante unos meses qué ocurría. Era una decisión estructural sobre una de las responsabilidades más sensibles de cualquier gobierno.
Y aquel día no se comprometieron solamente hospitales, trabajadores, equipos y dinero público. Hubo otro capital que no aparece en ninguno de los anexos.
Díaz Mena puso capital político detrás de IMSS-Bienestar. No tomó distancia del modelo. Lo hizo parte de su narrativa de gobierno, lo vinculó con el Renacimiento Maya y lo presentó como resultado de la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Su cierre en aquella ceremonia resumió el tamaño de la identificación: “¡Que viva el IMSS Bienestar!”
Cuatro meses después, esa apuesta comenzó a encontrarse con la operación cotidiana.
La primera intervención
El primer aviso importante llegó por los medicamentos.
El 5 de agosto, menos de tres meses después de la inauguración, Díaz Mena anunció que su gobierno compraría directamente los medicamentos que hicieran falta mientras llegaba el suministro correspondiente a IMSS-Bienestar. Explicó incluso que la reposición debía funcionar prácticamente como la de una tienda de conveniencia: detectar el faltante y reponerlo.
La intervención protegía al paciente. Pero políticamente mostraba también la primera tensión del nuevo arreglo: el estado había transferido recursos y operación al modelo federal y ahora regresaba con recursos propios para cubrir una necesidad de la transición.
El problema es que las denuncias no terminaron con el anuncio. En septiembre volvieron a publicarse testimonios de pacientes y familiares sobre faltantes de medicamentos e insumos.
Eso no demuestra que el estado no haya comprado medicamentos ni que todos los servicios carezcan de ellos. Sí demuestra algo políticamente relevante: después de la primera intervención pública del gobernador, el mismo problema siguió apareciendo en la conversación.
Después llegó el personal
En agosto, personal de enfermería del nuevo O’Horán denunció cargas de hasta 12 o 14 pacientes por trabajador. La respuesta gubernamental fue anunciar la incorporación escalonada de 622 profesionales de la salud.
En medio de aquella discusión, Huacho pidió al personal “ponerse la camiseta”.
Un mes después apareció otro conflicto. Cerca de 50 trabajadores de enfermería protestaron por pagos y condiciones laborales. Entre las quejas publicadas aparecieron diferencias entre lo que algunos trabajadores decían recibir y aquello que afirmaban que se les había ofrecido. La Secretaría de Salud explicó que parte del personal seguía cobrando mediante la nómina estatal mientras concluía el proceso federal y habló de diferencias de tabulador que serían cubiertas retroactivamente.
Otra vez la transición.
Otra vez una responsabilidad que no podía explicarse simplemente diciendo que el servicio ya pertenecía a IMSS-Bienestar.
La camiseta regresó
Alrededor de estos episodios también comenzó a crecer la sátira política. Caricaturas y críticas convirtieron problemas administrativos en imágenes mucho más fáciles de recordar.
Tony tomó una frase del propio gobernador.
En su cartón, Huacho intenta ponerse la camiseta verde del Gobierno de Yucatán. Un médico lo observa y entrega el diagnóstico: “Le quedó grandísima la camiseta”.
La imagen funciona porque la frase ya tenía historia.
Huacho se había puesto voluntariamente una camiseta: la de IMSS-Bienestar. Había celebrado el modelo, firmado el convenio y hecho de su llegada parte de su proyecto político. Después pidió a los trabajadores que se pusieran la suya.
La sátira regresó la frase al origen y cambió la pregunta: no si los trabajadores estaban comprometidos, sino si el gobierno estaba consiguiendo responder al tamaño de la responsabilidad que había asumido.
Transferir no era desaparecer
Éste es uno de los puntos centrales del convenio y también una de las razones por las que la transición tiene costo político para el gobernador.
La incorporación a IMSS-Bienestar transfirió una parte fundamental de la prestación de los servicios, pero no produjo un vacío de responsabilidad estatal. Durante la transición existen obligaciones de continuidad, financiamiento y relaciones laborales que siguen involucrando al Gobierno de Yucatán mientras el organismo federal asume formalmente los conceptos correspondientes.
Eso ayuda a explicar por qué el estado compra medicamentos, sostiene pagos o interviene cuando el proceso federal todavía no termina.
Administrativamente puede estar previsto.
Políticamente es más difícil de separar.
Un paciente que no recibe un medicamento no consulta primero el convenio para determinar qué nivel de gobierno debía comprarlo. Un trabajador que espera su pago tampoco.
Para ambos existe un gobierno estatal y existe un gobernador.
El problema salió del O’Horán
Si todo se redujera al ajuste de un hospital recién inaugurado, cuatro meses podrían parecer un periodo demasiado corto. Pero la reorganización sanitaria produjo tensiones en otros puntos de la red.
Antes incluso de la apertura del nuevo O’Horán, trabajadores del Hospital Materno Infantil habían expresado rechazo y preocupación por su transferencia. Más tarde llegó la reorganización de servicios y del inmueble.
El Hospital de la Amistad Corea-México abrió otro frente. Su historia no es solamente sanitaria: nació de la cooperación con la República de Corea y durante años ha recibido apoyo y donaciones vinculadas a esa relación. Cuando se conocieron posibles cambios en su operación, usuarios y representantes de la comunidad coreana reclamaron garantías sobre su continuidad.
El asunto alcanzó dimensión diplomática. En agosto, Díaz Mena recibió al embajador de Corea en México, Jooil Lee. El gobierno confirmó la continuidad de la atención pediátrica y la ampliación hacia rehabilitación; Corea anunció además una nueva donación de 2.6 millones de pesos en equipo de radiodiagnóstico.
Por ahora, aquel movimiento perdió intensidad pública. Pero dejó otra señal: la reorganización de la salud ya había tocado hospitales con historias, comunidades y compromisos propios.
Los que todavía esperan regresar
Hay además trabajadores que siguen esperando saber qué ocurrirá con ellos.
Personal de salud reubicado en Quintana Roo y Campeche ha pedido regresar a Yucatán y algunos de ellos sostienen que Díaz Mena se los ofreció durante la campaña.
La demanda llegó también al espacio de comunicación del propio gobernador. En su live del lunes 28 de septiembre aparecieron al menos dos reclamos relacionados con salud. Uno fue precisamente el del personal reubicado, con más de 400 menciones dentro de la muestra analizada. Otro volvió a señalar problemas de atención en el O’Horán.
Huacho habló de salud durante la transmisión.
Pero no de esos problemas.
Es una señal más de recurrencia. No prueba por sí sola el desempeño del sistema, pero muestra que cuatro meses después de la firma los asuntos de la transición siguen encontrando caminos para regresar al gobernador.
Cuatro meses
Vista completa, la secuencia empieza a adquirir otra forma.
Nuevo O’Horán, incorporación a IMSS-Bienestar y convenio de largo plazo.
El estado anuncia compras para cubrir faltantes mientras llega el suministro federal.
Quejas por sobrecarga; se anuncian nuevas incorporaciones y aparece la frase “pónganse la camiseta”.
Protestas laborales y nuevas quejas publicadas sobre medicamentos, insumos y servicios.
Trabajadores reubicados reclaman regresar y atribuyen el compromiso al gobernador.
No todos los episodios tienen la misma causa. Tampoco prueban que todo el sistema funcione mal. Pero sí comparten una característica: aparecen alrededor de la misma transformación y terminan exigiendo intervención, explicación o respuesta del Gobierno del Estado.
Eso convierte la recurrencia en una señal política.
Una apuesta difícil de reclamar desde afuera
Díaz Mena puede exigir medicamentos, pedir que se regularicen plazas, acelerar nóminas o gestionar el regreso de trabajadores.
Lo que difícilmente puede hacer es presentarse como un gobernador ajeno al modelo.
Lo firmó. Lo celebró. Lo incorporó a su narrativa de gobierno. Y la relación con la Federación —y particularmente con la presidenta Claudia Sheinbaum— ha sido presentada por su propia administración como una pieza central del Renacimiento Maya.
Eso reduce la distancia política disponible frente a los problemas.
Si el estado interviene, protege la continuidad del servicio, pero también vuelve visible que la transición federal necesita apoyo local. Si reclama con demasiada distancia, cuestiona una apuesta que hizo propia. Si guarda silencio, las quejas permanecen en territorio yucateco y terminan llegando al gobernador.
El capital que no aparece en el convenio
Treinta años regulan una relación institucional.
Pero el documento no puede regular el tiempo político.
El convenio puede establecer cómo se transfieren recursos, qué obligaciones permanecen durante la transición, qué ocurre con los trabajadores o cómo se garantiza el financiamiento. No puede establecer cuánto tiempo está dispuesto a esperar un paciente por un medicamento, un trabajador por su pago o una familia por una cirugía.
Tampoco puede proteger el capital político invertido por quien decidió hacer suyo el proyecto.
Ahí está la parte de la apuesta que no figura en ninguna cláusula.
La lectura final
El 17 de mayo, Joaquín Díaz Mena dijo que aquel día quedaría grabado para siempre en la historia de Yucatán.
Probablemente tenía razón en algo: la decisión tomada entonces es suficientemente grande para trascender su gobierno. El nuevo O’Horán fue sólo la imagen más visible. Detrás estaba un convenio de tres décadas, recursos públicos comprometidos, personal, hospitales y una nueva relación con la Federación para prestar servicios de salud.
Cuatro meses son insuficientes para dictar sentencia sobre un modelo diseñado para durar treinta años. Pero son suficientes para observar cómo empezó: el estado tuvo que intervenir con medicamentos; aparecieron conflictos de personal y nómina; otros hospitales produjeron resistencias; trabajadores reubicados siguen reclamando regresar; y algunas de esas quejas continúan apareciendo directamente en la conversación del gobernador.
La cuestión, por tanto, ya no es solamente si IMSS-Bienestar terminará funcionando como fue prometido.
También es cuánto tendrá que seguir poniendo Yucatán —en recursos, gestión y capacidad política— mientras eso ocurre.
El convenio tiene treinta años.
El capital político de un gobernador, no.